El Gobierno Nacional retiró temporalmente del Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que buscaba fortalecer el régimen sancionatorio del sector transporte, pero que terminó desatando una fuerte controversia por su impacto potencial sobre plataformas digitales de movilidad, conductores y usuarios.
El proyecto, radicado el pasado 20 de enero por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, planteaba nuevas herramientas de inspección, vigilancia y control frente al transporte informal e ilegal. Tras solo 48 horas de incendios mediáticos y amenazas de movilización social, el Gobierno Nacional decidió retirar el proyecto de ley.
La justificación oficial apunta a ‘erradas interpretaciones’ del articulado. El Gobierno insiste en que no busca prohibir, pero el texto legal sugería lo contrario.
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Los puntos más incendiarios del Proyecto 347
- Multas al usuario: se planteaban sanciones de hasta 4,7 millones de pesos colombianos por el simple hecho de contratar un servicio de transporte ‘irregula’».
- Castigo a la propiedad horizontal: los administradores de conjuntos residenciales o centros comerciales que permitieran el parqueo o abordaje de estos vehículos podrían enfrentar multas de hasta 726 millones de pesos colombianos.
- Inmovilizaciones severas: los vehículos particulares podrían ser retenidos hasta por 120 días en caso de reincidencia.
- Mordaza institucional: el proyecto sugería prohibir a funcionarios públicos emitir opiniones favorables hacia las plataformas.
El gremio se defendió
- José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In (el gremio que agrupa a aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify y Yango), señaló que el proyecto no buscaba regular, sino aniquilar el ecosistema digital.
- Según cifras del gremio, en Colombia existen más de 1,2 millones de conductores que generan ingresos a través de estas apps y cerca de 21,5 millones de usuarios registrados. «Prohibir una realidad social, no la desaparece, solo la vuelve más precaria», dijo López.
Foto: Archivo FOLOU.