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Nueva ley en Colombia frena la suplantación de identidad 

La suplantación de identidad va más allá del robo de datos personales, pudiendo generar créditos no solicitados, cobros por líneas telefónicas desconocidas y obligaciones ajenas en el historial financiero de las víctimas.

Para frenar este delito, Colombia aplica desde el 19 de noviembre de 2026 la Ley Estatutaria 2573 de 2026, que exige a operadores de telecomunicaciones, entidades financieras y comercios reforzar la verificación de identidad y proteger a los afectados.

La norma responde a un panorama crítico registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que entre 2022 y mayo de 2026 recibió 13.983 reclamaciones por suplantación, de las cuales 11.365 (el 81%) ocurrieron en el sector de telecomunicaciones.

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¿Qué establece la Ley 2573 de 2026?

¿Cómo protege la ley el historial crediticio?

La ley crea la marca preventiva ‘Víctima de Falsedad Personal’ en las centrales de riesgo para alertar a las entidades financieras sin afectar el puntaje crediticio ni bloquear nuevos préstamos.

Además, al confirmarse el fraude, la víctima queda exonerada de la deuda y se eliminan los reportes negativos, aunque si se demuestra una denuncia falsa la entidad podrá reactivar los cobros y tomar acciones legales.

¿Qué pasa si una empresa no cumple los protocolos de seguridad?

Si se demuestra que una compañía incumplió los protocolos y facilitó el fraude, debe suspender cobros, limpiar reportes negativos y reintegrar directamente el dinero defraudado para que el usuario no asuma fallas ajenas.

Asimismo, basta con el aviso de la víctima para detener los cobros de inmediato, aunque la denuncia penal sigue siendo necesaria para activar la marca preventiva en centrales de riesgo.

¿Qué debe hacer una persona si descubre una suplantación?

  1. Informar a la entidad: comunicar que desconoce la obligación y que posiblemente fue víctima de suplantación. Es importante conservar el número de radicado.
  2. Solicitar los documentos: pedir copia de los soportes utilizados para aprobar el producto o servicio. La empresa debe entregarlos sin exigir previamente una denuncia penal.
  3. Pedir la suspensión de los cobros: solicitar que se detengan los pagos, intereses y gastos relacionados con la obligación cuestionada.
  4. Presentar la denuncia: cuando corresponda, acudir a la Fiscalía dentro del plazo de 20 días hábiles e informar a la entidad sobre el trámite.
  5. Conservar las evidencias: guardar comunicaciones, facturas, notificaciones, documentos y números de seguimiento relacionados con el caso.

Foto: Boitumelo en Unsplash.

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