Regulaciones del metaverso: gobernanza y ciberseguridad 

Jessica Nunes

, INTERNET

Internet, identidad digital, transacciones en monedas digitales, hoy en día forman parte del metaverso. Esto puede significar un gran beneficio o un gran peligro para quienes buscan explorar este espacio si no existen regulaciones. 

Por ello, y ante la ausencia de un marco legal para este universo digital inmersivo, distintos países están aproximándose a regulaciones específicas para abordar aspectos críticos.

Aunque el marco legal del metaverso se encuentra en un estado incipiente, es necesario que los gobiernos tengan en cuenta los múltiples factores que intervienen. Por ejemplo, la privacidad de los usuarios es de suma importancia, pero también temas como la competencia justa y la propiedad deben tener ciertas regulaciones.

Actualmente, existen regiones más cautelosas mientras que otros están avanzando rápidamente para establecer las bases de su propio metaverso.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL METAVERSO:

Contenido, conducta y privacidad

  • Al igual que en Internet, en función de la combinación, pueden aplicar algunas normativas como la ley del operador de la plataforma o la ley del país interesado para el uso de la web y que podrán aplicarse al metaverso.
  • Uno de los desafíos que presentan países como Estados Unidos es que cada estado miembro establece sus propias leyes. En el caso de California, la ley AB 587 determina que las redes sociales deben publicar sus políticas de moderación de contenido, así como una descripción para destruir y denunciar contenido de odio, racismo, extremismo o que promueva la desinformación, el acoso y la interferencia política.
  • La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE) establece un marco regulatorio que exige a las plataformas gestionar los riesgos de actividades ilegales o dañinas. 
  • El Reglamento de Protección de Datos de la UE promueve la protección de datos de los consumidores. Este reglamento pide a los proveedores que las personas den su consentimiento explícito para el tratamiento de su información.
  • Reino Unido en su Código de Diseño Adecuado para la Edad y el proyecto de Ley de Seguridad en Línea buscan aclarar cómo los más jóvenes deben ser protegidos en el uso de estas plataformas. Concretamente, los proveedores deben asegurar los datos de los menores y protegerlos de contenidos dañinos e ilegales.
  • En 2019, China limitó la cantidad de tiempo que los menores pueden jugar videojuegos para disminuir la ‘adicción a Internet’.
  • Latinoamérica aplica ciertas restricciones según el país para transmitir y almacenar datos personales, pero las leyes no incluyen la palabra ‘Internet’ o no contemplan usos modernos como la Inteligencia Artificial y el guardado masivo de datos personales. Es el caso de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México y Ecuador.

Impuestos y finanzas

  • En Europa los impuestos sobre los servicios digitales se aplican en los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las empresas deben pagar por la venta de anuncios en línea o datos de clientes, estos dependen de la ubicación de la organización y del cliente (donde se produjo la ganancia).
  • El impuesto de valor agregado (IVA) de la UE también aplica para los bienes digitales, aunque aún no hay consenso sobre los eventos en espacios virtuales. 
  • Los intercambios en monedas digitales sí están sujetos al pago del IVA en Europa y están regulados por la Ley de Mercados de Criptomonedas (MiCA).
  • En Estados Unidos, la Ley Inform Consumers Act exige que los mercados en línea recopilen información sobre los grandes vendedores en línea y bloqueen a los que no proporcionen información o medios para efectuar denuncias.
  • Colombia posee un marco regulatorio relevante a criptoactivos y cómo declararlos en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no hay definiciones sobre aspectos generales y funcionamientos de estas transacciones.
  • Bolivia prohíbe directamente las operaciones con activos digitales y los relaciona con actividades ilícitas. Mientras que en Argentina, solo existe esta medida para las principales entidades financieras del país.

Fuentes: Deloitte, EY, Bitso, We Live Security y Alliuris.

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